Ya ha pasado un año desde las elecciones al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) celebradas el 17 de diciembre de 2024. Con motivo de ese aniversario, cerca de un centenar de médicos se reunieron este jueves en el Colegio de Médicos de Madrid para exigir que se respeten sus derechos democráticos y que se produzca, de una vez por todas, el relevo de poder que los perdedores de las elecciones llevan bloqueando desde hace 365 días.

El presidente electo del ICOMEM, Tomás Merina, explicó ante los colegiados cual es la situación de la reclamación ante la justicia para exigir la aplicación de los resultados electorales: está previsto que la sentencia judicial llegue en el primer trimestre de 2026. “Esperamos poder tomar posesión cuanto antes y poner el Colegio al servicio de los médicos de Madrid, tal y como ellos votaron”, afirmó.

El acto de conmemoración sirvió para evidenciar el estado de parálisis que vive la institución: durante casi dos horas, los médicos asistentes –muchos de ellos compromisarios del Colegio– debatieron en una asamblea abierta sobre los diferentes problemas que atraviesa la institución, tanto en el ámbito democrático como en el financiero.

Tomás Merina explicó ante los colegiados que, según muestra el último informe financiero del Colegio, la institución pasó de tener 8,9 millones de euros ahorrados en el inicio de 2023 a solo 66.000 euros en el cierre de 2024, lo que pone al ICOMEM en un serio riesgo de insolvencia.

“El dinero que había en el banco se ha gastado mayoritariamente en obras con sobrecostes millonarios o se ha volatilizado en una gestión ruinosa del patrimonio. Cuando entremos, nos vamos a encontrar una situación difícil, pero estamos convencidos de que esta situación se puede revertir para que el Colegio ofrezca mejores servicios a cambio de las cuotas que pagamos todos”, señaló Merina.

Pese a que los colegiados pudieron pasar revista a la situación del Colegio, el acto celebrado este jueves no dejó de ser una asamblea informal. Durante este año la Junta Directiva que se mantiene en el poder tras perder las elecciones incumplió la obligación estatutaria de convocar dos veces por año a los compromisarios para, entre otras cosas, aprobar los presupuestos de la institución.

La celebración de esta asamblea informal fue la constatación, una vez más, de que actualmente no hay ningún mecanismo de control democrático en el Colegio de Médicos de Madrid.

¿QUÉ HA PASADO ESTE AÑO EN EL ICOMEM?

La candidatura del doctor Tomás Merina (ICOMEM PARA TODOS) fue la ganadora de los comicios del pasado 17 de diciembre por amplia mayoría, siendo votada por votada por 4.475 médicos y médicas (un 46,9% del total), muy por delante de la doctora Esther Rubio, que quedó en segunda posición con un 27,07 por ciento (2.580 votos).

El tercer puesto fue para doctor Manuel Martínez-Sellés, cuya gestión al frente del Colegio en los cuatro años anteriores fue castigada en las urnas por los médicos de Madrid, dejándole en último lugar con un 25,11% (2.393 votos).

Pese al claro mandato de las urnas, Manuel Martínez-Sellés usó su influencia dentro del Colegio para impedir el relevo de poderes. Antes de las elecciones, la Junta Electoral –el órgano encargado de velar por el proceso democrático– había confirmado la validez de todas las candidaturas presentadas. Y después de la votación, validó también la victoria de Merina.

Sin embargo, un mes después de los comicios, un órgano interno controlado por el propio Martínez-Sellés –la Comisión de Recursos– declaró, a petición del perdedor de las elecciones, que Tomás Merina no cumplía los requisitos para ser candidato por no ser un médico con actividad asistencial acreditada, un requisito que no se exigió al resto de candidatos y que es visto por el propio Merina como una discriminación a miles de profesionales médicos que se dedican a la investigación, la gestión, la enseñanza, o el peritaje, entre otras cosas.

Tras la resolución de la Comisión de Recursos, el proceso de toma de posesión quedó completamente paralizado, permitiendo a Martínez-Sellés seguir en el poder sin un horizonte de salida. Ante esa situación, la candidatura ICOMEM PARA TODOS puso en marcha un proceso judicial para exigir la aplicación de los resultados electorales, un proceso que deberá ser resuelto en los próximos meses.

“La Junta Electoral dijo que yo era un candidato válido. Y también validó mi proclamación como ganador delas elecciones. Fue la Comisión de Recursos, un mes después, y a petición del perdedor de las elecciones, quien dijo que no lo era”, recordó Merina, quien se mostró convencido de que la justicia resolverá a su favor para poner fin a la parálisis institucional que vive el ICOMEM.