El ganador de las últimas elecciones al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), Tomás Merina, ha pedido al juez que investigue la posible comisión de delitos en lo relativo al escándalo de la calle Esparteros, la sede que el colegio cede por debajo de su precio de mercado a una fundación que tiene entre sus patronos a Manuel Martínez-Sellés, actual presidente en funciones del ICOMEM.

En concreto, el equipo legal de Tomás Merina ha remitido al Juzgado de Instrucción nº13 de Madrid –donde se instruye la causa penal por posibles irregularidades en el ICOMEM– documentación donde se detalla la cuestionable gestión de Martínez-Sellés y su equipo respecto a este inmueble.

La sede del Colegio de Médicos se encuentra en la calle Santa Isabel, pero ese inmueble es propiedad del Estado, que la cede a largo plazo. El mayor patrimonio inmobiliario del ICOMEM está en la calle Esparteros nº 11 –colindante a la Plaza Mayor y a la Puerta del Sol–, donde dispone de una planta entera y un despacho separado que suman 794 metros cuadrados.

Dicho inmueble se encontraba sin uso. Para adaptarlo a las necesidades del nuevo inquilino, el Colegio de Médicos gastó 868.000€ euros en reformarlo, según consta en la auditoría del ICOMEM del año 2022. Esta contundente inversión no había sido prevista en los presupuestos. Se hizo sin previo aviso y sin la autorización de la Asamblea de Compromisarios, el órgano de control del Colegio de Médicos.

A continuación, la sede se alquiló a la Fundación Jerôme Lejeune por 15 años al precio de 2.727€ mensuales (32.727€ anuales). Según figura en los presupuestos del ICOMEM, el Colegio paga más al año de gastos fijos por el edificio (52.108€ anuales) de lo que ingresa por el alquiler. Todo esto tras una reforma de 868.000€.

Si se alquilara a precio de mercado, al tratarse de un inmueble en el centro de Madrid, la Fundación Jerôme Lejeune debería pagar alrededor de 20.000 euros al mes por usar el inmueble. Sin embargo, lo hace a un precio muy reducido.

Se trata de un inmueble cuyo valor patrimonial supera ampliamente los ocho millones de euros pero del que, por desgracia, su gestión no beneficia en absoluto los intereses de los médicos de Madrid, que son sus verdaderos propietarios.

Para cerrar el círculo, recientemente conocimos que el responsable de toda esta operación, Manuel Martínez-Sellés, fue nombrado como patrono de la Fundación Jerôme Lejeune en España.

“Nos hemos visto obligados a aportar esta documentación al juzgado para su investigación porque creemos que es un escándalo de dimensiones mayúsculas. Los médicos de Madrid nos merecemos un Colegio que gestione con honradez el patrimonio común de todos nosotros”, declaró Tomás Merina.

Toda esta operación se ha llevado a cabo, de principio a fin, de la forma menos transparente posible. No se conocen los detalles del contrato firmado entre Manuel Martínez-Sellés y la citada fundación. El ICOMEM se limitó a informar de dicho acuerdo citando la consecución de un «convenio marco de colaboración» entre ambas partes, pero sin permitir la consulta de los detalles del contrato.

Igualmente, se desconoce qué criterios se siguieron para fijar las condiciones de alquiler. No hay constancia de ningún informe técnico o de que se consultara a un Agente de la Propiedad Inmobiliaria para fijar un precio acorde a mercado.

La candidatura de ICOMEM PARA TODOS, liderada por Tomás Merina, fue la elegida por los médicos de Madrid el pasado 17 de diciembre para, entre otras cosas, devolver al Colegio una gestión transparente y eficiente.

Ante la situación de atropello democrático en el Colegio, la candidatura ganadora todavía no ha podido tomar posesión y afrontar esta tarea desde dentro. Es este escenario el que empuja a tomar acciones legales para defender el patrimonio de todos los médicos de Madrid.

Por ello, toda esta información ha sido remitido al Juzgado de Instrucción, para que valore la situación y, en caso de que lo considere oportuno, siga investigando cómo se han gestionado los recursos del Colegio de Médicos.